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5
Junio
2020

valencia plaza

Los colegios profesionales instan la modificación del Decreto de regulación de las ECUV para adecuarlo a su naturaleza jurídica

● La actual redacción va a impedir que llegue a ser una herramienta útil para luchar contra el atasco en la concesión de licencias de obra y actividades.
● El decreto 62/2020 crea un servicio privado de asistencia voluntaria a los servicios técnicos municipales, lo que en la práctica supone que las medidas de agilización administrativa no llegarán a quien más lo necesite.
● Solicitan una reunión de urgencia con el Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.

Lo que en un inicio parecía iba a ser una norma, consensuada con todo el sector, dirigida a conseguir desatascar trámites administrativos, para la concesión de licencias, puede llegar a acabar en agua de borrajas por una interpretación equivocada de la naturaleza jurídica y las funciones de los colegios profesionales.

Por ello, los 15 colegios técnicos de Unión Profesional Valencia han solicitado una reunión con el Conseller Aradi España, habiendo movilizado a sus servicios jurídicos para que analicen el Decreto 62/2020 de 15 de mayo, de regulación de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de registro.

No somos asociaciones privadas ni empresas
Desde el punto de vista jurídico, formal y organizativo, los colegios profesionales no son empresas, ni asociaciones privadas, a pesar de que así se les considera en el Decreto publicado, realmente se confieren como corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro y con una organización interna que se rige, exclusivamente, por criterios democráticos y participativos. Los Colegios Profesionales están concebidos de esta forma en la Constitución Española (art. 36) y se regulan por leyes y desarrollo normativo propio, todo ello ampliamente ratificado a través de abundante jurisprudencia y dictámenes de diferentes órganos del estado. Estas corporaciones se constituyen como entidades que realizan funciones públicas por delegación de la administración, en definitiva no son empresas con fines económicos, ni asociaciones con fines privados.

Son justamente estas características, las que generan un sistema que favorece la inclusión de nuevos profesionales y la máxima atención a todas las iniciativas o promociones: desde las más pequeñas a las más grandes. Es decir, son entidades que gozan de una gran capilaridad en todo el tejido productivo implantado en la CV y son el principal apoyo en estas cuestiones para las iniciativas de Pymes y micropymes.

Por ello, los colegios profesionales no entienden que el texto finalmente aprobado de la regulación de las ECUV, se separe de la línea que preveía la modificación de la LOTUP y lo desarrollado por la Ley 25/2009, que viene a considerar la capacidad que tienen las Administraciones Públicas para establecer con los colegios profesionales los convenios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales.

Pero no están hablando de una opción, sino de una realidad, ya que desde siempre han estado ejerciendo funciones por delegación de la administración, hasta de la propia Generalitat, sin que en ningún momento se haya generado ningún tipo de conflicto.


Urge actuar
La redacción actual del decreto viene a crear un servicio privado de asistencia voluntaria a los servicios técnicos municipales, lo que supone, en la práctica, que las medidas de agilización administrativa no van a llegar a quien más lo necesita. Los emprendedores más pequeños, las actuaciones en los sectores menos rentables por unidad de superficie construida y proyectos localizados en zonas de interior no van a poder acogerse a esta opción, pues el tipo de actuación y los márgenes de sus actividades hacen inviable la inversión para acelerar la concesión de las preceptivas licencias, provocando la despoblación de las comarcas de interior y centrando las inversiones en proyectos más grandes en los núcleos más poblados. Las alternativas a las que se les aboca son: esperar o no invertir, dos muy malas noticias para el escenario económico post COVID-19.

Los representantes de los Colegios Profesionales de la rama de la Ingeniería, Arquitectura y Ciencia de Unión Profesional Valencia, manifestaron que: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar una solución al grave perjuicio al que se está abocando a administrados e inversores, puesto que ejemplos de fracaso de iniciativas de este tipo ya las encontramos con los Organismos de Certificación Administrativa (OCA) que fueron desarrollados en el 2012 y cuyas funciones no fueron solución para el retraso en la gestión de los trámites de licencias”.

Por estos motivos han solicitado una reunión urgente con Arcadi España, Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.


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